La iniciativa para incluir al auditor Héctor Acosta Félix entre los funcionarios protegidos por fuero constitucional avanza en el Congreso estatal. El contexto genera cuestionamientos debido a las investigaciones y controversias relacionadas con actuaciones de la ASE.

Chihuahua, Chihuahua.— El Congreso de Chihuahua tiene frente a sí una decisión que exige explicaciones: otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

La propuesta ya avanzó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría continuar su camino hacia el Pleno. De aprobarse, el responsable de revisar el uso de los recursos públicos en Chihuahua quedaría incorporado al régimen de protección constitucional previsto para determinados servidores públicos.

El planteamiento puede defenderse bajo la idea de fortalecer la independencia de la institución. Sin embargo, existe un elemento que complica la discusión: Acosta Félix se encuentra mencionado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República relacionada con una auditoría realizada por la propia ASE.

La denuncia fue promovida por José Pedro López Elías y se encuentra relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022, referente al refinanciamiento de la deuda pública estatal realizado en 2019.

En ella se plantean posibles irregularidades y presuntos delitos relacionados con la actuación de funcionarios. Será la autoridad competente la que determine si existen elementos que acrediten responsabilidades.

El problema para el Congreso es que la discusión del fuero ocurre mientras estos cuestionamientos permanecen abiertos.

Una historia que todavía necesita explicaciones

El origen de la controversia se encuentra en el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua.

La operación fue autorizada por el Congreso estatal y posteriormente llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la validez del decreto cuestionado.

También existieron revisiones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con la deuda y las operaciones financieras del estado.

Sin embargo, posteriormente la Auditoría Superior del Estado realizó una auditoría forense que derivó en señalamientos contra particulares relacionados con aquella operación.

Esta diferencia ha generado una pregunta que continúa siendo relevante: ¿qué encontró la ASE que no había sido advertido anteriormente y cuáles fueron los elementos utilizados para sostener sus conclusiones?

La controversia aumentó después de que López Elías recurriera a la justicia federal y obtuviera una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1103/2026 respecto de determinadas comunicaciones relacionadas con su caso.

Todo esto forma parte del contexto en el que ahora aparece la discusión sobre el fuero.

Proteger al auditor o proteger la auditoría

Ese es probablemente el punto más importante que deberán aclarar los diputados.

Una reforma diseñada para garantizar la autonomía de una institución fiscalizadora puede tener argumentos jurídicos e institucionales. Pero también debe establecer límites suficientemente claros para evitar que esa protección sea interpretada o utilizada como un beneficio personal.

El Congreso deberá explicar qué cambia exactamente con la reforma, qué procedimientos quedarían sujetos a esta protección y qué ocurriría cuando existan investigaciones relacionadas con el titular de la ASE.

No se trata de anticipar responsabilidades de Héctor Acosta Félix. Las denuncias deben investigarse y las autoridades deberán determinar si existen o no delitos.

Se trata de algo más básico: transparencia.

Si los diputados consideran que el auditor necesita fuero, deberán explicar públicamente las razones.

Y si la reforma realmente busca proteger la independencia de la Auditoría Superior del Estado, también deberán garantizar que esa protección no se convierta en un escudo frente a posibles investigaciones.

Porque cuando se modifica la ley para ampliar la protección de un funcionario bajo cuestionamiento, no basta con decir que se fortalece una institución.

También hay que explicar por qué, para qué y, especialmente, por qué ahora.

El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.

El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos por conspirar para lavar 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante el uso decriptomonedas.

El acusado de 48 años de edad admitió que utilizó carteras de activos virtuales bajo su control para recibir las ganancias ilícitas de las drogas.

Vázquez González coordinó sus actividades ilícitas con intermediarios financieros, conocidos como ‘money brokers’, para recolectar las ganancias del narcotráfico en diversas ciudades estadounidenses.Tambiéncambió las criptomonedas por dólares estadounidensesen México para devolver el dinero en efectivo a los organizadores de la red.

El imputado obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación directa en este esquema de blanqueo.

La fiscalía federal programó la audiencia de sentencia para el próximo 17 de diciembre, donde el acusado enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.

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El fiscal federal Jason Parman y el agente especial Jim Scott anunciaron conjuntamente este resultado judicial en el estado de Kentucky.

La Oficina Residente de la DEA en Lexington investigó el caso con el apoyo de diversas divisiones policiales de Estados Unidos y México.

Esta investigación criminal formó parte de la iniciativa de seguridad nacional denominada Homeland Security Task Force.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló este lunes 7 de septiembre que lleva a cabo laOperación Águila Alta, una serie de acciones para combatir eluso de drones por parte del crimen organizadorealizadas en conjunto con lasFuerzas Armadas estadounidenses en la frontera de Tijuana con San Diego, California.

“Esta operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante ladetección e inhabilitación de drones de uso comercialque son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, explicó la Sedena.

¿Cuándo acaba la operación binacional Águila Alta?

De acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal, la acción se desarrolla desde el31 de agostoyconcluirá el 21 de septiembre.

La Sedena aclaró que estos operativos son similares a los realizados entre el 17 y 31 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

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Cabe recordar que el pasado 16 de agosto, elsecretario de Defensa estadounidense,Dan Driscoll, firmó junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) una Declaración de Intención para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas para combatir el uso de drones del narco.

El acuerdo permite a la Defensa mexicana acceder almercado digital del Ejército estadounidense, con el propósito de adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad”, expresó ese día el embajador de EU, Ronald Johnson.

¿En qué consiste la operación antidrones Águila Alta en la frontera con Estados Unidos?

De acuerdo a la información emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la operación consiste en dos fases:

La Secretaría de la Defensa Nacional sostuvo que lacooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidosse lleva a cabo» con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano».