En medio del prolongado conflicto laboral que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad (NMP), crece la inconformidad entre los propios trabajadores sindicalizados. Un grupo cada vez más amplio de afiliados exige al dirigente del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, que aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario reveladas por distintas investigaciones periodísticas.

De acuerdo con reportes publicados por XPECTRO FM y retomados por Forbes México, entre otros medios con presencia nacional, Zayún habría adquirido al menos seis propiedades entre 2012 y 2025, cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen, con valores declarados muy por debajo de su precio comercial real. En conjunto, las operaciones registradas suman poco más de 13 millones de pesos en documentos notariales, pero su valor de mercado rondaría los 70 millones.

Las investigaciones señalan patrones irregulares que incluyen escrituras elaboradas en las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias patrimoniales a familiares cercanos que podrían ocultar movimientos financieros poco transparentes. A ello se suma el arrendamiento de un deportivo propiedad del sindicato en la Ciudad de México, del que no se conoce registro de ingresos o reportes fiscales ante las autoridades correspondientes.

Los señalamientos se dan en el contexto de una huelga que desde el 1 de octubre afecta a más de un millón de usuarios del Monte de Piedad, y que ha sido calificada por diversos sectores como un movimiento “más político que laboral”. Trabajadores consultados aseguran que, mientras la dirigencia sindical argumenta luchar por mejores condiciones, los resultados y la rendición de cuentas dentro del sindicato son prácticamente nulos.

“Nos piden que confiemos, pero nunca se han mostrado los estados financieros del sindicato ni se sabe qué pasa con las cuotas. Ahora resulta que el secretario general tiene propiedades en distintos estados del país. Eso es una burla”, comentó uno de los empleados inconformes, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.

El contraste entre las condiciones económicas de los agremiados y el crecimiento patrimonial del dirigente sindical ha encendido las alarmas dentro y fuera de la organización. El propio Monte de Piedad ha señalado que el conflicto deriva, en gran parte, del control sindical sobre las vacantes y del uso discrecional de recursos, lo que ha tensado las negociaciones con la administración.

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha derivado en una fractura cada vez más visible dentro del sindicato que encabeza Arturo Zayún. El descontento por la falta de resultados y por la duración del paro ha llevado a un número importante de trabajadores a abandonar la organización tradicional y afiliarse al Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SITNMP).

La Secretaria General Alma Delia Villalpando Rosales y el Secretario de Trabajo Gerardo Ríos informaron que en las últimas semanas se ha sumado un número creciente de colaboradores en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, entre otros estados.

Los sindicalistas coincidieron en señalar que el movimiento independiente se ha fortalecido gracias a las acciones de transparencia y apertura en el diálogo con la base trabajadora, pero sobre todo por el compromiso suscrito con sus agremiados para defender y hacer respetar sus derechos.

Villalpando subrayó que muchos trabajadores consideran que la huelga ya no representa sus intereses y que las familias han sido las principales afectadas por la falta de ingresos y de certidumbre. “El Sindicato Independiente busca reconstruir la confianza desde el trabajo y el diálogo, no desde la confrontación”, expresó.

Ríos añadió que el SITNMP participa como tercero interesado ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, lo que le permite acompañar el proceso, mantenerse informado y evitar que la base laboral dependa únicamente de la versión del sindicato tradicional.

El fortalecimiento del Sindicato Independiente en distintas regiones del país refleja una tendencia clara: los trabajadores del Monte de Piedad están buscando nuevas formas de representación que prioricen la estabilidad y la participación responsable.

La gentrificación es el fenómeno en el que la llegada de nuevxs habitantes con mayor poder adquisitivo encarece el costo de vida y desplaza a las comunidades originales. En la Ciudad de México, este proceso ha provocado que más de 20,000 hogares de ingresos bajos sean expulsados a la periferia cada año debido a la falta de opciones de vivienda accesible, según el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Además, en las últimas dos décadas, se estima que 7,000 hogares anuales se han asentado en zonas de alto riesgo debido a la imposibilidad de encontrar vivienda en áreas seguras. Estas condiciones incrementan los tiempos y costos de traslado, afectan la calidad de vida y, en muchos casos, condenan a las familias a vivir en situaciones precarias.

Desalojos forzados y vulneración de derechos

Los desalojos forzados son una violación directa a los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que estas prácticas suelen ser incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, estos desalojos han afectado especialmente a comunidades indígenas y a grupos vulnerables.

Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2023, cuando se intentó desalojar a la comunidad otomí que ocupaba el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), rebautizado como La Casa de los Pueblos Samir Flores. Durante el operativo, se reportaron agresiones a niñxs, adultxs mayores y personas con discapacidad, evidenciando la violencia sistemática que enfrentan estas comunidades en su lucha por la vivienda digna. Si desde el privilegio esta situación es preocupante, se potencia al millón ante estos casos.

Plataformas digitales y la especulación inmobiliaria

El auge de plataformas de alquiler temporal ha agudizado la crisis de vivienda en la Ciudad de México. En ciudades como Barcelona, durante la administración de Ada Colau (2015-2023), se implementaron regulaciones estrictas para frenar el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales, protegiendo así el acceso a vivienda para los residentes locales. Estas medidas incluyeron sanciones económicas a plataformas y la recuperación de miles de apartamentos para su uso como viviendas permanentes.

En México, aunque ha habido propuestas para regular este fenómeno, la implementación ha sido limitada. Como resultado, muchas viviendas han sido reconvertidas en alojamientos temporales para turistas, lo que reduce la oferta habitacional para lxs ciudadanxs y contribuye al incremento de precios en zonas estratégicas de la ciudad.

Personas en situación de calle: Una crisis invisible ¿o que no queremos ver?

Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), en 2024 se contabilizaron 1,124 personas en situación de calle en la Ciudad de México, de las cuales 86% eran hombres, 14% mujeres y 1.50 de la comunidad LGBTIQ+. Aunque existen programas de asistencia, como el modelo 4A de inclusión social, que en 2023 atendió a 2,403 personas, la problemática sigue sin resolverse de manera integral.

Estas cifras evidencian la necesidad de estrategias que no solo se enfoquen en la asistencia temporal, sino que aborden las causas estructurales de la falta de vivienda y promuevan soluciones sostenibles que permitan a estas personas recuperar su autonomía y estabilidad habitacional.

Por cierto, ante estas situaciones, sí existen proyectos independientes, como Mi Valedor, una revista que emplea a personas en situación de calle para que no sólo tengan ingresos, sino que también sus historias sean escuchadas. Te invitamos a conocer su propuesta.

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Es necesario que se implementen regulaciones efectivas que protejan a lxs ciudadanxs, fomenten el acceso equitativo a la vivienda y prioricen el bienestar de las comunidades en lugar de la rentabilidad inmobiliaria. Solo con un enfoque integral y sustentable será posible garantizar que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a un hogar digno.