El proyecto sostiene que la medida evita apropiaciones oportunistas de registros vencidos.

La próxima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promete convertirse en un punto de referencia para el sistema marcario mexicano. En un contexto de dudas y presiones sobre el actuar judicial, el asunto que llegará al Pleno en la primera semana de diciembre pondrá a prueba la capacidad del Tribunal para afirmar certidumbre en medio de la inquietud empresarial.

El caso, contenido en el amparo directo en revisión 7274/2024, cuestiona la constitucionalidad del artículo 237 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada el 1 de julio de 2020 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dicho artículo confirma que los titulares de registros marcarios pueden renovar sus derechos dentro de los seis meses posteriores a su vencimiento, periodo conocido como “periodo de gracia”.

De acuerdo con la lista pública de la SCJN, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá declarar constitucional este artículo, alineándolo con el Protocolo de Madrid, vigente para México desde febrero de 2013, y con el Convenio de París, adoptado por nuestro país desde 1903. Su propuesta subraya que el periodo de gracia no constituye un privilegio indebido, sino un mecanismo para preservar la continuidad del derecho de marca y evitar que terceros se aprovechen de un vacío temporal.

La discusión, que podría resolverse este 11 de diciembre, representa una oportunidad para que la Corte reafirme la confianza del sector productivo en las instituciones. De avalarse la propuesta, se enviaría un mensaje de estabilidad jurídica y respeto a los estándares internacionales que rigen la protección de la propiedad industrial en México.

• El análisis del periodo de gracia podría fortalecer la defensa institucional frente a la apropiación indebida.

La política de fortalecimiento jurídico y modernización del sistema marcario que Santiago Nieto ha encabezado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá un momento decisivo el próximo 4 de diciembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el amparo directo en revisión 7274/2024. La resolución podría consolidar uno de los ejes centrales de su administración: la defensa efectiva de los derechos de propiedad industrial como herramienta para el desarrollo económico del país.

El caso gira en torno al “periodo de gracia”, los seis meses que la legislación mexicana otorga a los titulares de marcas para renovar su registro una vez vencido el plazo original. Este mecanismo, lejos de ser una concesión extraordinaria, deriva de compromisos internacionales que México asumió al integrarse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París. Su objetivo es garantizar certeza, continuidad y estabilidad para quienes protegen legalmente sus signos distintivos, una prioridad que el IMPI ha reforzado bajo la gestión de Nieto.

La propuesta que será discutida por el Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, experta en tratados internacionales. Su proyecto sostiene que el periodo de gracia es plenamente constitucional, pues evita que los titulares de marcas pierdan derechos por retrasos administrativos y bloquea intentos de apropiación indebida por parte de terceros. El planteamiento coincide con la visión que el IMPI ha promovido: reglas claras, protección sólida y un marco jurídico alineado con los estándares globales.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que la revisión llega en un momento crucial para México y representa un respaldo indirecto al trabajo de Santiago Nieto, quien ha fortalecido la vigilancia marcaria y el combate a la piratería. La posible ratificación constitucional del periodo de gracia sería un aval a la política institucional que ha buscado convertir al IMPI en un organismo moderno, confiable y competitivo internacionalmente.

Un fallo adverso, en contraste, podría generar incertidumbre y debilitar la protección de miles de marcas. Sin embargo, analistas coinciden en que el proyecto de la ministra Ortiz se alinea con la tendencia global y con las reformas de profesionalización que Nieto ha impulsado desde su llegada al IMPI.

La decisión de la Suprema Corte no solo resolverá una controversia legal, sino que también pondrá en perspectiva el avance institucional alcanzado en materia de propiedad industrial.

Para el IMPI, y particularmente para la gestión de Santiago Nieto, este caso representa un punto de consolidación en la construcción de un sistema marcario más sólido, transparente y confiable para empresas, emprendedores y titulares de derechos en todo el país.

En medio del prolongado conflicto laboral que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad (NMP), crece la inconformidad entre los propios trabajadores sindicalizados. Un grupo cada vez más amplio de afiliados exige al dirigente del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, que aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario reveladas por distintas investigaciones periodísticas.

De acuerdo con reportes publicados por XPECTRO FM y retomados por Forbes México, entre otros medios con presencia nacional, Zayún habría adquirido al menos seis propiedades entre 2012 y 2025, cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen, con valores declarados muy por debajo de su precio comercial real. En conjunto, las operaciones registradas suman poco más de 13 millones de pesos en documentos notariales, pero su valor de mercado rondaría los 70 millones.

Las investigaciones señalan patrones irregulares que incluyen escrituras elaboradas en las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias patrimoniales a familiares cercanos que podrían ocultar movimientos financieros poco transparentes. A ello se suma el arrendamiento de un deportivo propiedad del sindicato en la Ciudad de México, del que no se conoce registro de ingresos o reportes fiscales ante las autoridades correspondientes.

Los señalamientos se dan en el contexto de una huelga que desde el 1 de octubre afecta a más de un millón de usuarios del Monte de Piedad, y que ha sido calificada por diversos sectores como un movimiento “más político que laboral”. Trabajadores consultados aseguran que, mientras la dirigencia sindical argumenta luchar por mejores condiciones, los resultados y la rendición de cuentas dentro del sindicato son prácticamente nulos.

“Nos piden que confiemos, pero nunca se han mostrado los estados financieros del sindicato ni se sabe qué pasa con las cuotas. Ahora resulta que el secretario general tiene propiedades en distintos estados del país. Eso es una burla”, comentó uno de los empleados inconformes, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.

El contraste entre las condiciones económicas de los agremiados y el crecimiento patrimonial del dirigente sindical ha encendido las alarmas dentro y fuera de la organización. El propio Monte de Piedad ha señalado que el conflicto deriva, en gran parte, del control sindical sobre las vacantes y del uso discrecional de recursos, lo que ha tensado las negociaciones con la administración.