La omisión del gobierno estatal frente a las irregularidades de Valenzuela fortalece la percepción de encubrimiento político.

Un nuevo foco de tensión institucional se ha desatado entre la Fiscalía General de la República, a través de su recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, y la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín.

• La disputa se centra en la entrega de la carpeta de investigación vinculada a presuntos actos de corrupción contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Implicaciones legales y políticas: El choque entre ambas fiscalías no solo tiene aristas jurídicas, sino también políticas.

• El affaire ha generado cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones judiciales y la posible politización de las indagatorias.
• Para algunos analistas, la reticencia del fiscal estatal de Chihuahua a entregar la carpeta podría derivar no solo de interpretaciones legales, sino también en hacerse acreedor a sanciones de alto impacto, que irían desde multas, arresto o incluso el riesgo de ser destituido de su encargo, por desacato judicial.
• Las decisiones de los tribunales en relación con la atracción del caso deberán ser observadas con atención, pues podrían sentar precedentes sobre la coordinación y límites competenciales entre autoridades estatales y la Fiscalía General de la República en investigaciones por corrupción.
• • Pero también, en el foco de una administración panista cubierta de opacidad y despilfarro por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
• Al momento de esta publicación, la carpeta de investigación permanece bajo controversia entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la FGR, mientras se esperan resoluciones legales y posibles sanciones contra Valenzuela Holguín por desacato y un sin número de anomalías presentadas en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua.

La disputa: Según fuentes del caso, radicadas en Chihuahua, un Tribunal Colegiado de Circuito otorgó la atracción de la carpeta de investigación.

• La atracción implica que la Fiscalía General de la República tendría la facultad de asumir la investigación del expediente por posibles vicios y elementos que podrían comprometer la legalidad y objetividad de las actuaciones locales.
• Ha sido reiterado en denuncias en medios de la CDMX la fabricación de testigos, la manipulación de testigos y acusaciones sin sustento de las que la Fiscalía a cargo de Valenzuela Holguín ha sido evidenciado.
• Sin embargo, Abelardo Valenzuela Holguín se ha negado a entregar la carpeta, pasando por encima de autoridades Federales.

Contexto institucional: Recientemente, Ulises Lara López fue designado por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, como Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que lo coloca como actor clave en la disputa por la atracción de la carpeta investigativa.

• Este nombramiento es estratégico dentro de la FGR, pues tiene a su cargo la atención de casos de alta complejidad y relevancia nacional, así como la resolución de controversias competenciales entre fiscalías especializadas federales.
• La posición a Valenzuela Holguín parece no importarle, ya que ha mostrado una cerrazón total, aun bajo al mandato judicial de la Federación.

Con información de Zone Free

La resolución exhibe un uso faccioso de las instituciones estatales para fabricar delitos con fines políticos.

Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.

• La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
• El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.

El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:

• En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
• Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
• La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
• La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
• La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
• Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
• Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
• Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
• Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.

Con información de «zonafree.mx»

La dirigencia de COREMEX se encuentra bajo un nuevo escrutinio debido a denuncias que apuntan a un presunto sistema interno de reparto de beneficios económicos. De acuerdo con trabajadores y analistas que han seguido la trayectoria del sindicato, algunos líderes habrían recibido porcentajes derivados de cuotas sindicales u otras fuentes de ingreso, señalando particularmente al dirigente Eloy Espinosa y a personas de su entorno.

Aunque los señalamientos no se han confirmado oficialmente, la falta de mecanismos claros de transparencia ha generado que estas versiones tomen fuerza entre empleados inconformes. Diversos testimonios detallan que, en lugar de destinar recursos a fortalecer derechos laborales o impulsar programas de apoyo, la prioridad habría sido mantener acuerdos al interior de la dirigencia.

La percepción de corrupción interna ha contribuido a un creciente distanciamiento entre la base trabajadora y el aparato sindical. Empleados refieren que los liderazgos actúan con discrecionalidad, toman decisiones sin consultar a los afiliados y mantienen un manejo financiero cerrado, lo que incrementa las dudas sobre el destino real de los fondos recaudados.

Para especialistas en materia laboral, este tipo de prácticas, de comprobarse, serían un reflejo de una estructura sindical centrada en preservar privilegios y no en defender a los trabajadores. Además, advierten que la ausencia de controles democráticos abre la puerta a la consolidación de redes internas difícil de fiscalizar.

Mientras COREMEX guarda silencio institucional, trabajadores exigen auditorías y reportes detallados que permitan reconstruir la confianza. Para muchos, la situación representa un llamado urgente a revisar el funcionamiento interno del sindicato y garantizar que los recursos aportados por los empleados se utilicen de manera transparente y en beneficio de la base.