La dirigencia de COREMEX se encuentra bajo un nuevo escrutinio debido a denuncias que apuntan a un presunto sistema interno de reparto de beneficios económicos. De acuerdo con trabajadores y analistas que han seguido la trayectoria del sindicato, algunos líderes habrían recibido porcentajes derivados de cuotas sindicales u otras fuentes de ingreso, señalando particularmente al dirigente Eloy Espinosa y a personas de su entorno.

Aunque los señalamientos no se han confirmado oficialmente, la falta de mecanismos claros de transparencia ha generado que estas versiones tomen fuerza entre empleados inconformes. Diversos testimonios detallan que, en lugar de destinar recursos a fortalecer derechos laborales o impulsar programas de apoyo, la prioridad habría sido mantener acuerdos al interior de la dirigencia.

La percepción de corrupción interna ha contribuido a un creciente distanciamiento entre la base trabajadora y el aparato sindical. Empleados refieren que los liderazgos actúan con discrecionalidad, toman decisiones sin consultar a los afiliados y mantienen un manejo financiero cerrado, lo que incrementa las dudas sobre el destino real de los fondos recaudados.

Para especialistas en materia laboral, este tipo de prácticas, de comprobarse, serían un reflejo de una estructura sindical centrada en preservar privilegios y no en defender a los trabajadores. Además, advierten que la ausencia de controles democráticos abre la puerta a la consolidación de redes internas difícil de fiscalizar.

Mientras COREMEX guarda silencio institucional, trabajadores exigen auditorías y reportes detallados que permitan reconstruir la confianza. Para muchos, la situación representa un llamado urgente a revisar el funcionamiento interno del sindicato y garantizar que los recursos aportados por los empleados se utilicen de manera transparente y en beneficio de la base.

En Lerma, el sindicalismo vive una de sus expresiones más cuestionables. El sindicato Coremex ha sido señalado por trabajadores que denuncian acoso e intimidación como método para obligarlos a afiliarse. No es organización, es presión. No es representación, es imposición.

Los relatos apuntan a una estrategia clara: insistir hasta quebrar la resistencia. La afiliación deja de ser una elección y se convierte en una salida al hostigamiento. Esta práctica vulnera el derecho más básico del trabajador: decidir libremente si desea o no pertenecer a un sindicato.

Una de las tantas trampas de Coremex es que parece operar bajo la lógica de que el fin justifica los medios. Pero ningún crecimiento sindical justifica el uso del miedo. Un sindicato que se construye sobre la presión está condenado a la desconfianza y al rechazo.

En lugar de presentar propuestas claras, beneficios tangibles o resultados concretos, y el sindicato Coremex opta por la intimidación. Esa elección revela una profunda desconexión con las necesidades reales de los trabajadores y una visión autoritaria del liderazgo sindical.

La afiliación forzada no fortalece al sindicato, lo debilita. Genera miembros inconformes, resentimiento y una base que no cree en la organización. Representar implica convencer, no obligar.

Coremex se presenta como defensor del trabajador, pero actúa como un actor que vulnera su libertad. Un sindicato que presiona traiciona su función básica. Defender derechos no puede implicar violarlos.

La afiliación debe ser libre, no forzada. Ese principio no admite interpretaciones. Y cualquier organización que lo ignore pierde legitimidad. En Lerma, Coremex enfrenta el rechazo de quienes se sienten acosados por una estructura que debería protegerlos.

El sindicalismo necesita confianza, no miedo. Necesita diálogo, no intimidación. Mientras Coremex no entienda esa diferencia, seguirá siendo señalado como un sindicato que impone en lugar de representar.

En medio del prolongado conflicto laboral que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad (NMP), crece la inconformidad entre los propios trabajadores sindicalizados. Un grupo cada vez más amplio de afiliados exige al dirigente del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, que aclare las acusaciones de presunto enriquecimiento millonario reveladas por distintas investigaciones periodísticas.

De acuerdo con reportes publicados por XPECTRO FM y retomados por Forbes México, entre otros medios con presencia nacional, Zayún habría adquirido al menos seis propiedades entre 2012 y 2025, cinco en San Luis Potosí y una en Playa del Carmen, con valores declarados muy por debajo de su precio comercial real. En conjunto, las operaciones registradas suman poco más de 13 millones de pesos en documentos notariales, pero su valor de mercado rondaría los 70 millones.

Las investigaciones señalan patrones irregulares que incluyen escrituras elaboradas en las mismas notarías, pagos en efectivo, subvaluaciones y transferencias patrimoniales a familiares cercanos que podrían ocultar movimientos financieros poco transparentes. A ello se suma el arrendamiento de un deportivo propiedad del sindicato en la Ciudad de México, del que no se conoce registro de ingresos o reportes fiscales ante las autoridades correspondientes.

Los señalamientos se dan en el contexto de una huelga que desde el 1 de octubre afecta a más de un millón de usuarios del Monte de Piedad, y que ha sido calificada por diversos sectores como un movimiento “más político que laboral”. Trabajadores consultados aseguran que, mientras la dirigencia sindical argumenta luchar por mejores condiciones, los resultados y la rendición de cuentas dentro del sindicato son prácticamente nulos.

“Nos piden que confiemos, pero nunca se han mostrado los estados financieros del sindicato ni se sabe qué pasa con las cuotas. Ahora resulta que el secretario general tiene propiedades en distintos estados del país. Eso es una burla”, comentó uno de los empleados inconformes, quien solicitó el anonimato por temor a represalias.

El contraste entre las condiciones económicas de los agremiados y el crecimiento patrimonial del dirigente sindical ha encendido las alarmas dentro y fuera de la organización. El propio Monte de Piedad ha señalado que el conflicto deriva, en gran parte, del control sindical sobre las vacantes y del uso discrecional de recursos, lo que ha tensado las negociaciones con la administración.