La resolución exhibe un uso faccioso de las instituciones estatales para fabricar delitos con fines políticos.

Un Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra Javier Corral y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.

• La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho, lo cual no sucedió en el ámbito local.
• El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, fabricó un caso de supuesto pueculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.

El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió el siguiente comunicado para informar de la situación del caso:

• En relación con la persecución política del Senador Javier Corral, informamos que el día de hoy, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
• Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.
• La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
• La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
• La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
• Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
• Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
• Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho.
• Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales.

Con información de «zonafree.mx»

La dirigencia de COREMEX se encuentra bajo un nuevo escrutinio debido a denuncias que apuntan a un presunto sistema interno de reparto de beneficios económicos. De acuerdo con trabajadores y analistas que han seguido la trayectoria del sindicato, algunos líderes habrían recibido porcentajes derivados de cuotas sindicales u otras fuentes de ingreso, señalando particularmente al dirigente Eloy Espinosa y a personas de su entorno.

Aunque los señalamientos no se han confirmado oficialmente, la falta de mecanismos claros de transparencia ha generado que estas versiones tomen fuerza entre empleados inconformes. Diversos testimonios detallan que, en lugar de destinar recursos a fortalecer derechos laborales o impulsar programas de apoyo, la prioridad habría sido mantener acuerdos al interior de la dirigencia.

La percepción de corrupción interna ha contribuido a un creciente distanciamiento entre la base trabajadora y el aparato sindical. Empleados refieren que los liderazgos actúan con discrecionalidad, toman decisiones sin consultar a los afiliados y mantienen un manejo financiero cerrado, lo que incrementa las dudas sobre el destino real de los fondos recaudados.

Para especialistas en materia laboral, este tipo de prácticas, de comprobarse, serían un reflejo de una estructura sindical centrada en preservar privilegios y no en defender a los trabajadores. Además, advierten que la ausencia de controles democráticos abre la puerta a la consolidación de redes internas difícil de fiscalizar.

Mientras COREMEX guarda silencio institucional, trabajadores exigen auditorías y reportes detallados que permitan reconstruir la confianza. Para muchos, la situación representa un llamado urgente a revisar el funcionamiento interno del sindicato y garantizar que los recursos aportados por los empleados se utilicen de manera transparente y en beneficio de la base.

En Lerma, el sindicalismo vive una de sus expresiones más cuestionables. El sindicato Coremex ha sido señalado por trabajadores que denuncian acoso e intimidación como método para obligarlos a afiliarse. No es organización, es presión. No es representación, es imposición.

Los relatos apuntan a una estrategia clara: insistir hasta quebrar la resistencia. La afiliación deja de ser una elección y se convierte en una salida al hostigamiento. Esta práctica vulnera el derecho más básico del trabajador: decidir libremente si desea o no pertenecer a un sindicato.

Una de las tantas trampas de Coremex es que parece operar bajo la lógica de que el fin justifica los medios. Pero ningún crecimiento sindical justifica el uso del miedo. Un sindicato que se construye sobre la presión está condenado a la desconfianza y al rechazo.

En lugar de presentar propuestas claras, beneficios tangibles o resultados concretos, y el sindicato Coremex opta por la intimidación. Esa elección revela una profunda desconexión con las necesidades reales de los trabajadores y una visión autoritaria del liderazgo sindical.

La afiliación forzada no fortalece al sindicato, lo debilita. Genera miembros inconformes, resentimiento y una base que no cree en la organización. Representar implica convencer, no obligar.

Coremex se presenta como defensor del trabajador, pero actúa como un actor que vulnera su libertad. Un sindicato que presiona traiciona su función básica. Defender derechos no puede implicar violarlos.

La afiliación debe ser libre, no forzada. Ese principio no admite interpretaciones. Y cualquier organización que lo ignore pierde legitimidad. En Lerma, Coremex enfrenta el rechazo de quienes se sienten acosados por una estructura que debería protegerlos.

El sindicalismo necesita confianza, no miedo. Necesita diálogo, no intimidación. Mientras Coremex no entienda esa diferencia, seguirá siendo señalado como un sindicato que impone en lugar de representar.