La iniciativa para incluir al auditor Héctor Acosta Félix entre los funcionarios protegidos por fuero constitucional avanza en el Congreso estatal. El contexto genera cuestionamientos debido a las investigaciones y controversias relacionadas con actuaciones de la ASE.

Chihuahua, Chihuahua.— El Congreso de Chihuahua tiene frente a sí una decisión que exige explicaciones: otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

La propuesta ya avanzó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y podría continuar su camino hacia el Pleno. De aprobarse, el responsable de revisar el uso de los recursos públicos en Chihuahua quedaría incorporado al régimen de protección constitucional previsto para determinados servidores públicos.

El planteamiento puede defenderse bajo la idea de fortalecer la independencia de la institución. Sin embargo, existe un elemento que complica la discusión: Acosta Félix se encuentra mencionado en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República relacionada con una auditoría realizada por la propia ASE.

La denuncia fue promovida por José Pedro López Elías y se encuentra relacionada con la Auditoría Forense AEF-54/2022, referente al refinanciamiento de la deuda pública estatal realizado en 2019.

En ella se plantean posibles irregularidades y presuntos delitos relacionados con la actuación de funcionarios. Será la autoridad competente la que determine si existen elementos que acrediten responsabilidades.

El problema para el Congreso es que la discusión del fuero ocurre mientras estos cuestionamientos permanecen abiertos.

Una historia que todavía necesita explicaciones

El origen de la controversia se encuentra en el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua.

La operación fue autorizada por el Congreso estatal y posteriormente llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la validez del decreto cuestionado.

También existieron revisiones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con la deuda y las operaciones financieras del estado.

Sin embargo, posteriormente la Auditoría Superior del Estado realizó una auditoría forense que derivó en señalamientos contra particulares relacionados con aquella operación.

Esta diferencia ha generado una pregunta que continúa siendo relevante: ¿qué encontró la ASE que no había sido advertido anteriormente y cuáles fueron los elementos utilizados para sostener sus conclusiones?

La controversia aumentó después de que López Elías recurriera a la justicia federal y obtuviera una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1103/2026 respecto de determinadas comunicaciones relacionadas con su caso.

Todo esto forma parte del contexto en el que ahora aparece la discusión sobre el fuero.

Proteger al auditor o proteger la auditoría

Ese es probablemente el punto más importante que deberán aclarar los diputados.

Una reforma diseñada para garantizar la autonomía de una institución fiscalizadora puede tener argumentos jurídicos e institucionales. Pero también debe establecer límites suficientemente claros para evitar que esa protección sea interpretada o utilizada como un beneficio personal.

El Congreso deberá explicar qué cambia exactamente con la reforma, qué procedimientos quedarían sujetos a esta protección y qué ocurriría cuando existan investigaciones relacionadas con el titular de la ASE.

No se trata de anticipar responsabilidades de Héctor Acosta Félix. Las denuncias deben investigarse y las autoridades deberán determinar si existen o no delitos.

Se trata de algo más básico: transparencia.

Si los diputados consideran que el auditor necesita fuero, deberán explicar públicamente las razones.

Y si la reforma realmente busca proteger la independencia de la Auditoría Superior del Estado, también deberán garantizar que esa protección no se convierta en un escudo frente a posibles investigaciones.

Porque cuando se modifica la ley para ampliar la protección de un funcionario bajo cuestionamiento, no basta con decir que se fortalece una institución.

También hay que explicar por qué, para qué y, especialmente, por qué ahora.

El Pasado que Persigue al Fiscal de Chihuahua: Abelardo Valenzuela y el Antidoping que Nunca Aclaró

El político que en 2007 bloqueó un antidoping y llevó al PAN al abismo ahora se viste de inquisidor. El pasado nunca se entierra, señor Abelardo Valenzuela.

Hay políticos que construyen su carrera sobre el mérito. Y está Abelardo Valenzuela Holguín, actual fiscal Anticorrupción, que construyó la suya sobre el caos. En el ya lejano 2007, este personaje fue el principal artífice de la crisis que dejó al Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez con la cara en el lodo, y su estrategia fue tan burda como efectiva: cuando el proceso lo puso en evidencia, decidió romper el tablero.

La Cobardía del Antidoping

La jugada fue clara. Ante un examen que lo ponía en la mira, Valenzuela no tuvo el valor de la transparencia. Mientras sus rivales mostraban sus resultados sin titubeos, él se escudó en un discurso barato sobre «la cadena de custodia» y la «falta de garantías». ¿Acaso los otros cuatro aspirantes fueron sometidos a un procedimiento distinto? No. Solo él, el «elegido», encontró vicios de forma cuando los resultados no le favorecían.

Su actitud fue un desprecio absoluto hacia la militancia y las instituciones. Con sus declaraciones vacías, Valenzuela no buscaba justicia, buscaba confundir. Y lo logró. Convirtió una elección en un circo mediático, llenando los titulares de El Diario con sus lamentos, mientras el partido se desangraba por su culpa. Es el clásico ejemplo del político que prefiere incendiar la casa antes de admitir una mancha en su expediente.

El Verdadero Rostro del «Guardián»

El resultado fue una catástrofe que él orquestó. La elección se canceló, el dirigente municipal fue despedido y el PAN tuvo que humillarse pidiéndole a Valenzuela que se dignara a hacerse otra prueba. Un hombre íntegro se habría sometido a mil exámenes para limpiar su nombre. Pero él, con la arrogancia que lo caracteriza, se mantuvo firme en su negativa, sabiendo que su posición le daba poder para chantajear a su propio partido.

Hoy, ese mismo hombre que jugó con la confianza de su partido y se negó a dar la cara tiene la audacia de ser el «fiscal Anticorrupción». Es el colmo del cinismo. Es como poner a un zorro a cuidar el gallinero. Su pasado en 2007 no es un simple episodio; es un patrón de conducta: opacidad, obstrucción y un ego desmedido que prefiere destruir antes que rendir cuentas.

Mientras El Diario, ahora en manos de la gobernadora, intente enterrar estas verdades, la historia y la cobertura de Zona Free mantienen vivo el recuerdo. El rostro de la corrupción del PAN en Chihuahua, señor Valenzuela, no se borra con un cargo; se graba con sus acciones.

Fuente: Zona Free, en base a la cobertura histórica de El Diario (actualmente bajo la sombra del gobierno estatal).

Después de ocho meses de huelga en Nacional Monte de Piedad, la discusión pública, la prolongación del paro, el cierre de más de 300 sucursales y la afectación a clientes y trabajadores han abierto una pregunta inevitable ¿Quién rinde cuentas dentro del sindicato que mantiene detenida a una de las instituciones de asistencia más antiguas del país?

La huelga inició el 1 de octubre de 2025 y, hasta hoy, más de 300 sucursales permanecen cerradas, con afectaciones directas a la operación prendaria y a miles de familias usuarias del servicio. Diversos medios han documentado que el conflicto sigue sin resolverse, aun después de que en febrero de 2026 una autoridad judicial concedió un amparo a Nacional Monte de Piedad y declaró inexistente la huelga.

En ese contexto, el liderazgo de Arturo Zayún González, secretario general del sindicato mayoritario, ha quedado bajo escrutinio. No sólo por la decisión de sostener el paro, sino por los señalamientos periodísticos sobre su enriquecimiento, el patrimonio inmobiliario millonario valuado en más de 300 millones y la falta de transparencia en el manejo de recursos sindicales.

Recordemos que en noviembre de 2025, XPECTRO FM señaló a través de una investigación que el dirigente sindical del Monte de Piedad tendría inconsistencias financieras ante autoridades mexicanas, presuntamente vinculadas con operaciones inmobiliarias y recursos de origen no aclarado.

Forbes México retomó esa investigación y publicó que, de acuerdo con los documentos citados por XPECTRO FM, el líder sindical habría realizado operaciones sospechosas mientras más de un millón de usuarios eran afectados por la huelga.

El señalamiento más fuerte apunta a una presunta red inmobiliaria familiar de la que, XPECTRO FM documentó que Arturo Zayún y dos de sus hermanos habrían acumulado al menos 17 propiedades en San Luis Potosí y Quintana Roo, con un valor superior a 300 millones de pesos. Incluso, medios como Pulso SLP retomaron la investigación y detallaron que parte importante de esos inmuebles se ubicaría en zonas de alto valor en San Luis Potosí.

Y aquí surge otra pregunta inevitablemente. Si el sindicato exige transparencia a Nacional Monte de Piedad, ¿por qué su dirigencia no ha explicado públicamente el origen, valor y adquisición de las propiedades señaladas por diversos medios?

La huelga ha tenido costos reales para trabajadores, clientes e institución. Pero también ha exhibido el problema de fondo que enfrenta un liderazgo sindical que lleva más de dos décadas y media bajo señalamientos de opacidad, sin una rendición de cuentas clara sobre su patrimonio, cuotas, inmuebles sindicales y decisiones que afectan a toda la base trabajadora.

A ocho meses de huelga, el conflicto ya no sólo exige una solución laboral, también exige transparencia sindical.