El Gobierno de Méxicoemitió un aviso preventivo de viaje por brote deciclosporiasisen varias entidades deEstados Unidos, con más de 400 casos:

De acuerdo con el comunicado compartido, elnivel de riesgo es medio(amarillo), por lo que llama a quienes planeen viajar a Estados Unidosextremar precauciones.

México emite aviso preventivo de viaje a Estados Unidos por brote de ciclosporiasis

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo porbrote de ciclosporiasis en conjunto con Conave y Sinave, para quienesviajen a Estados Unidosen próximas fechas.

El gobierno de México apunta quese ha registrado un incremento de casosde ciclosporiasis en Estados Unidos desde mayo, con un brote importante en cuatro estados.

Derivado de que todavíano se ha confirmado alguna fuentede contagio de ciclosporiasis —como un alimento particular— el gobierno federal aconseja precaución.

En especial para quienes viajen azonas tropicales o subtropicalesen Estados Unidos, ya que laprobabilidad de contagiarse de ciclosporiasis es mayor, aunque todos pueden infectarse.

Ya que menciona que el contagio ocurre principalmente cuandose comen alimentos contaminadosdel parásito.

Ciclosporiasis: México emite recomendaciones para quienes viajen a Estados Unidos

México emitió recomendacionesparaantes, durante y después de algún viaje a Estados Unidos, en medio del brote de ciclosporiasis.

Antes de viajar a Estados Unidos, el gobierno de México recomienda informarse sobre la situación sanitaria del destino, además de consultar la Guía del Viajero.

Durante el viaje, llaman a lavarse las manos de manera frecuente, así como consumir los alimentos bien cocidos y lavar de manera correcta las frutas y verduras con agua segura.

Después de regresar de Estados Unidos, piden vigilar su estado de salud al menos dos semanas y no preparar alimentos en caso de presentar síntomas.

El máximo tribunal determinó que el juicio político contra el mandatario podrá continuar en el Congreso de Nuevo León, pero ordenó suspender la ejecución de cualquier eventual sanción que implique su destitución o inhabilitación mientras resuelve el fondo de la controversia constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió unasuspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda,dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatalcontra el juicio políticoque enfrenta ante el Congreso local.

La medida cautelar impide que se ejecute cualquier resolución derivada del procedimiento queimplique la separación del cargo o la inhabilitación del mandatario,mientras el máximo tribunalanaliza y resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la suspensiónno detiene el desarrollo del juicio político,por lo que el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las etapas procesales correspondientes.

De acuerdo con la resolución, publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la SCJN y relacionada con la controversia constitucional 386/2026, notificada el 13 de julio, la Corte determinó: “Se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político,hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”.

Asimismo, el tribunal precisó que la medida cautelar no busca frenar el procedimiento legislativo, sinoevitar que se materialicen posibles sancionesantes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia. En ese sentido, señaló: “Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinaciónencaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”.

La SCJN argumentó que, de no otorgarse la suspensión,podría generarse una afectación de difícil reparaciónen caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia constitucional, “pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popularno es recuperable”.

“Además, con esta medidase salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal,así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”, dice la resolución.

La controversia constitucional fue presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del procedimiento de juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local. El proceso se originóa partir de una denuncia promovida por Morena,en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.

El gobierno estatal ha sostenido que el expediente utilizado para sustentar el juicio políticocarece de pruebas suficientesy que únicamente contiene la identificación oficial de la persona denunciante, así como recortes y notas periodísticas.

Antes de la intervención de la SCJN, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo Leónhabía concedido una suspensión provisionalpara detener temporalmente la votación relacionada con el juicio político.

Tras conocerse la resolución de la Corte, el gobernador Samuel García informó en redes sociales que el máximo tribunal habíaadmitido la controversia constitucional y concedido la suspensión.“Acaba de publicar la SCJN la admisión y suspensión del juicio político (que le sigue la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León)”, escribió.

Por su parte, el asesor jurídico del Congreso local, Ricardo Tamez, afirmó que la suspensión otorgada por la SCJN esdistinta al amparo concedido por la justicia federal,ya que permite que el Congreso y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia continúen resolviendo el procedimiento. “En la Corte sí autorizan a resolver en definitiva al Congreso y por ende al Tribunal Superior de Justicia, y solo en el caso de que se sancione su destitución, se suspende su ejecución para separarlo”, señaló.

El operativo encabezado por Abelardo Valenzuela provocó cuestionamientos sobre el uso arbitrario de las facultades institucionales.

El aseguramiento del Centro Cultural Pedro López Elías se realizó en Tepoztlán, Morelos, fuera del territorio en el que legalmente puede actuar la fiscalía estatal de Chihuahua. La acción fue presentada como parte de una investigación anticorrupción.

Juristas señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad sin coordinación institucional formal o sin intervención federal. La ausencia de estos mecanismos dejó en entredicho la legalidad del operativo.

La polémica aumentó cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin explicación pública suficiente. La institución evitó detallar los fundamentos jurídicos de la intervención.

El episodio terminó exhibiendo una práctica preocupante dentro de ciertas estructuras de poder: decisiones institucionales tomadas con aparente ligereza jurídica y revertidas sin rendición de cuentas.