La cifra aumentó 16,273 personas de diciembre de 2024 a abril de 2025.

En Quintana Roo, de acuerdo con los datos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número total de afiliados aumentó en 16,273 personas, pasando de 512,164 en diciembre de 2024 a 528,438 en abril de 2025.

La encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la entidad (STyPS), Verónica Salinas Mozo, señaló que estas cifras reflejan un importante incremento en la generación de empleos formales.

Salinas Mozo puntualizó que este crecimiento se distribuye de manera desigual entre los sectores económicos.

La construcción presentó el mayor aumento, con 13,707 nuevos afiliados; el sector de servicios sociales y comunales sumó 2,144; transformación y agropecuario también mostraron crecimiento, con 875 y 544 nuevos registros, respectivamente; mientras que el comercio reportó un incremento de 537 afiliados.

De acuerdo con el gobierno del estado, lo anterior demuestra que Quintana Roo continúa posicionándose como un importante generador de empleo en el país.

Quintana Roo, Campeche y Yucatán fueron de tres de las cuatro economías estatales que más crecieron en el país en el último trimestre de 2023, empujado por el sector construcción, siendo el Tren Maya una de las obras de infraestructura más importantes que se desarrollan en la península de Yucatán.

De acuerdo con el reporte «Indicador Trimestral de la actividad Económica Estatal» (ITAEE), con cifras de los últimos tres meses del año pasado, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo creció a tasa anual y con cifras desestacionalizadas 10.6 por ciento, mientras que Campeche y Yucatán subieron 5.3 y 5.4 por ciento, respectivamente.

Solo en actividades secundarias, donde destaca la construcción, Quintana Roo tuvo un crecimiento anual de 144 por ciento, mientras que Campeche fue de 109 por ciento y Yucatán de 9 por ciento; con esto fueron de las cinco economías estatales que más crecieron en este rubro.

Ya en su contribución sobre el crecimiento de la economía, las tres pusieron 0.34 puntos porcentuales sobre el crecimiento de 2.46 por ciento que presentó la nación.

Visto de forma regional, el sur sureste (que está conformado por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) contribuyeron con 0.63 puntos del crecimiento nacional, superando la región noreste (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) que pusieron 0.44 puntos.

El Tren Maya es una de las principales obras de infraestructura que actualmente se hacen en la región de la península de Yucatán; Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dijo en anteriores ocasiones que esta proyecto impulsará el crecimiento y la transformación profunda de su estado, sobre todo en las personas que viven en los pueblos del centro y sur de la entidad.

“La obra también genera nuevos empleos, principalmente para la juventud que ahora se prepara como técnicos y profesionales ferroviarios para sumarse a la operación y mantenimiento de la emblemática obra”, dijo durante un recorrido en las obras a finales de 2023.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún hay preocupación por los principales impactos de la reforma inmobiliaria en propietarios propuesta por los diputados locales, por lo que hicieron un llamado a los integrantes del Congreso a abrir un diálogo y conocer la perspectiva del sector empresarial, expuso Jovita Portillo Navarro, secretaria general del centro empresarial.

“Como representantes del sector empresarial y propietarios de viviendas, deseamos expresar nuestra preocupación y desacuerdo con la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, que busca incrementar de dos a tres el número de mensualidades impagas requeridas para proceder con una demanda de desocupación”, presentó. 

Esta reforma, aseveró, propicia un entorno que favorece el incumplimiento y perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios, aunado a que los procesos judiciales de desahucio ya son procedimientos largos y complejos que, bajo la legislación actual, brindan amplias oportunidades para que los inquilinos regularicen su situación, y podría disuadir a los inversionistas, reduciendo la oferta de viviendas en alquiler y aumentando los costos.

El Artículo 1004 Bis del Código de Procedimientos Civiles establece que si durante el plazo para el desahucio el inquilino paga la totalidad de las rentas debidas, el proceso de lanzamiento se da por terminado sin condenación. Sin embargo, si este pago se realiza fuera del término señalado, el inquilino será condenado al pago de “costas generadas”. 

“Permitir un plazo extendido de tres meses para el incumplimiento de pago no hace más que exacerbar los problemas existentes, alentando a los inquilinos a prolongar la ocupación sin cumplir con sus obligaciones financieras y haciendo más oneroso y dilatado el proceso de recuperación de la propiedad para el arrendador”, alertó Portillo Navarro, quien estuvo acompañada por otros integrantes de la Coparmex, incluida la presidente del organismo, Angélica Frías. 

Un procedimiento legal de desahucio, afirmaron, puede durar alrededor de ocho meses, tiempo en el que el dueño de la propiedad deja de percibir recurso económico de la vivienda, lo que resulta en un riesgo económico y legal significativo para los propietarios, quienes se verían forzados a soportar periodos más largos de incumplimiento de rentas y los costos asociados a procedimientos legales extendidos. 

“Datos recientes del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 del World Justice Project indican que Quintana Roo ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional… La ineficacia y lentitud en el sistema judicial de Quintana Roo, junto con la preocupante situación de estado de derecho, pueden exacerbar los problemas para los propietarios sin una reforma judicial que mejore la eficiencia procesal”, enfatizó Portillo Navarro.