Nacional
Militares con cargos directivos en el Instituto Nacional de Migración

En los últimos cuatro años, el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió la puerta a mandos militares y marinos en diversos puestos directivos como titulares de Oficinas de Representación estatales, así como en direcciones y subdirecciones del organismo.
Sólo entre 2019 y enero pasado, 27 mandos con formación y trayectoria en instituciones académicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar) se integraron al INM en 23 estados del país y en representaciones del instituto como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Datos recibidos indican que hasta enero de 2024, de estos mandos militares y marinos, 16 se mantenían en funciones como titulares de las Oficinas de Representación estatales del Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente hay cuatro titulares más que han tenido experiencia en el Sistema Penitenciario.
Al menos 27 mandos militares y navales se sumaron al INM desde 2019, detalla una solicitud de información
La militarización de la política migratoria “se ha criticado fuertemente desde órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos”, porque “este tipo de acciones las hacen para contener o para evitar, tal vez, que muchas más personas ingresen al territorio. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente disminuyan los flujos migratorios”, consideró Wendy Castro, subcoordinadora legal de la organización Sin Fronteras.
Esta casa editorial consultó al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los motivos por los cuáles se han militarizado sus mandos, pero la dependencia señaló que “no es información que el instituto esté en posibilidad de proporcionar”, debido a la naturaleza de sus tareas.
La actual administración federal no sólo ha integrado mandos militares y marinos a su política migratoria, también ha desplegado numerosos elementos de las Fuerzas Armadas para contener y disuadir la movilidad humana.
De acuerdo con el último Informe de Seguridad del Gobierno de México, fechado el pasado 14 de marzo, actualmente hay 281 mil 645 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el país. De éstos, 32 mil 720 se dedican a hacer cumplir el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur. Es decir, están a cargo de contener el flujo migratorio. A esta cantidad se suman dos mil 315 agentes del INM.
“Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, justo, militar, en donde se les enseña a combatir y no precisamente se les instruye con respecto a la protección de los derechos humanos”, añadió Castro Además, dijo, “hay que recordar que justo los elementos de la Guardia Nacional cuando aplican también labores migratorias, pues no lo hacen como garantes de derecho, sino lo hacen más bien como agentes de contención o de deportación”, detalló.
Entre los mandos militares del INM figuran su representante en Colima, Ramón Juárez Suárez, un ingeniero en Ciencias Navales y maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional; Felipe Morales Callejas, ingeniero en Ciencias Navales, maestría en Administración Militar y actual titular de la representación en Sinaloa; y Paulo César Lavín Aldama, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública y representante en Sonora.
El contralmirante Salvador González Guerrero se integró a las funciones migratorias el 18 de julio de 2019 como coordinador de Información e Investigación Migratoria y posteriormente se hizo cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua hasta abril de 2023, cuando fue detenido debido a su presunta responsabilidad en el incendio que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.
En abril de 2023 fue detenido y vinculado a proceso, posteriormente se amparó y actualmente enfrenta órdenes de aprehensión por el caso que sigue abierto. “Evidentemente son personas que no tienen una formación con un enfoque de derechos humanos y eventualmente terminarán vulnerando más derechos”, señaló la subcoordinadora legal de Sin Fronteras.
Tras el siniestro que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, en mayo de 2023, el Instituto Nacional de Migración suspendió de forma provisional 14 Estancias Provisionales tipo A, así como 19 de tipo B para facilitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitas de supervisión y generar los informes correspondientes sobre las condiciones de los espacios de detención migratoria.
Además, en noviembre del mismo año, el Instituto frenó operaciones definitivamente en la Estancia Provisional de Matamoros, Tamaulipas.
El cierre de todas estas unidades dejó en funciones únicamente 11 Estaciones Migratorias: en Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas.
También se mantuvieron en operación seis Estancias Provisionales del tipo B: en Tijuana, Baja California; Palenque y Tuxtla, Chiapas; Janos, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; y Cancún, Quintana Roo.
Fue apenas en febrero pasado —casi un año después del incendio— cuando la CNDH publicó el Informe Especial
sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular. Ninguna resultó adecuada, reveló el estudio.
Como parte de las visitas a las Estancias y Estaciones Migratorias “se observó que ninguno de estos centros de detención es adecuado, ya que 13 de ellos son insuficientes, 21 son inadecuados y las demás se encuentran en situación crítica”, indicó el documento.
“El Instituto Nacional de Migración y su modelo de Estaciones Migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ofrecer una política de seguridad en las fronteras. Sin embargo, esta CNDH considera que los tiempos han cambiado y hoy ese modelo debe transformarse como se ha gestado en otras políticas públicas desde la mirada del humanismo y el reconocimiento de derechos”, apuntó Rosario Piedra, la titular de la comisión.
Nacional
México para quien pueda pagarlo… en dólares, la Conquista Moderna

La gentrificación es el fenómeno en el que la llegada de nuevxs habitantes con mayor poder adquisitivo encarece el costo de vida y desplaza a las comunidades originales. En la Ciudad de México, este proceso ha provocado que más de 20,000 hogares de ingresos bajos sean expulsados a la periferia cada año debido a la falta de opciones de vivienda accesible, según el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Además, en las últimas dos décadas, se estima que 7,000 hogares anuales se han asentado en zonas de alto riesgo debido a la imposibilidad de encontrar vivienda en áreas seguras. Estas condiciones incrementan los tiempos y costos de traslado, afectan la calidad de vida y, en muchos casos, condenan a las familias a vivir en situaciones precarias.
Desalojos forzados y vulneración de derechos
Los desalojos forzados son una violación directa a los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que estas prácticas suelen ser incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En México, estos desalojos han afectado especialmente a comunidades indígenas y a grupos vulnerables.
Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2023, cuando se intentó desalojar a la comunidad otomí que ocupaba el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), rebautizado como La Casa de los Pueblos Samir Flores. Durante el operativo, se reportaron agresiones a niñxs, adultxs mayores y personas con discapacidad, evidenciando la violencia sistemática que enfrentan estas comunidades en su lucha por la vivienda digna. Si desde el privilegio esta situación es preocupante, se potencia al millón ante estos casos.
Plataformas digitales y la especulación inmobiliaria
El auge de plataformas de alquiler temporal ha agudizado la crisis de vivienda en la Ciudad de México. En ciudades como Barcelona, durante la administración de Ada Colau (2015-2023), se implementaron regulaciones estrictas para frenar el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales, protegiendo así el acceso a vivienda para los residentes locales. Estas medidas incluyeron sanciones económicas a plataformas y la recuperación de miles de apartamentos para su uso como viviendas permanentes.
En México, aunque ha habido propuestas para regular este fenómeno, la implementación ha sido limitada. Como resultado, muchas viviendas han sido reconvertidas en alojamientos temporales para turistas, lo que reduce la oferta habitacional para lxs ciudadanxs y contribuye al incremento de precios en zonas estratégicas de la ciudad.
Personas en situación de calle: Una crisis invisible ¿o que no queremos ver?
Según datos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), en 2024 se contabilizaron 1,124 personas en situación de calle en la Ciudad de México, de las cuales 86% eran hombres, 14% mujeres y 1.50 de la comunidad LGBTIQ+. Aunque existen programas de asistencia, como el modelo 4A de inclusión social, que en 2023 atendió a 2,403 personas, la problemática sigue sin resolverse de manera integral.
Estas cifras evidencian la necesidad de estrategias que no solo se enfoquen en la asistencia temporal, sino que aborden las causas estructurales de la falta de vivienda y promuevan soluciones sostenibles que permitan a estas personas recuperar su autonomía y estabilidad habitacional.
***
Es necesario que se implementen regulaciones efectivas que protejan a lxs ciudadanxs, fomenten el acceso equitativo a la vivienda y prioricen el bienestar de las comunidades en lugar de la rentabilidad inmobiliaria. Solo con un enfoque integral y sustentable será posible garantizar que todas las personas en México puedan ejercer su derecho a un hogar digno.
Nacional
Donald Trump: “Los cárteles gobiernan zonas completas de México”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en entrevista para Fox News, que México tiene mucho miedo a los cárteles y que estos controlan grandes secciones del país.
Al ser cuestionado por la presentadora Rachel Campos-Duffy sobre su plan para detener a los cárteles, el mandatario afirmó que se encuentra trabajando con México y dijo:
México creo que está muy, muy asustado de los carteles. De hecho, creo que los cárteles controlan grandes secciones de México y no quiero decir eso porque yo llevo muy bien con la presidenta.
Tras esta respuesta, Campos-Duffy estima que los cárteles se presentan en el 40% del territorio mexicano.
«Como mínimo», respondió el mandatario.
Queremos ayudar a México, porque no se puede gobernar un país así, afirmó Trump y repitió una vez más que se lleva muy bien con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Donald Trump aseguró que estas organizaciones criminales han hecho «una fortuna», aunque presumió que se ha recortado por las acciones en frontera.
La frontera está muy segura en este momento. Y no necesito una legislación. Necesitábamos un presidente que dijera: se acabó, no más gente entras, declarativo.
Trump busca que los migrantes irregulares se autodeporte y regresen a la UE
Durante la primera parte de la entrevista, el mandatario que aplica la política de autodeportación por su gobierno para expulsar a los migrantes en la situación irregular.
Reconoció que debido a la política política habrá que haber agricultores que no pueden cosechar sus cultivos, por lo que quiere que las personas se queden y regresen como legal.
Les promiseemos dinero y un billete de avión y .trabajaremos cont (Les) para que regresen lo antes posible si son buenas personas, afirmó.
Aseguró que las deportaciones se centran en migrantes con antecedentes penales, aunque los abogados de algunos de los expulsados niegan que sus clientes sean pandilleros.
Nacional
México responde a los aranceles con impulso a la industria y producción nacional

Ante los aranceles que el presidente Donald Trump anuncio la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este jueves presento un programa integral para fortalecer la economía de México.
Al ser cuestionada sobre los posibles aranceles, Sheinbaum destacó que, aunque ya cuentan con algunas tarifas, han decidido esperar a conocer los detalles que presente el gobierno estadounidense. Uno de los objetivos principales de la mandataria es impulsar la industria automotriz nacional.
“Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras cosas, la industria automotriz”, adelantó Sheinbaum.
La mandataria federal también enfatizó que seguirán en constante diálogo con Estados Unidos. “Por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana, y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos que hay buena comunicación”, agregó.
“Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional”, expresó Sheinbaum, quien también indicó que el plan abarcará proyectos como los trenes, aeropuertos, puertos y el impulso a la manufactura.
“Que tiene que ver con esto, o sea, no en cualquier país del mundo se está construyendo lo que estamos construyendo aquí: la cantidad de trenes, aeropuertos, puertos, y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los pueblos de bienestar”, explicó.
En cuanto a la industria automotriz, Sheinbaum destacó que la meta es reducir las importaciones de vehículos, especialmente aquellos de Asia.
“Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz, yo ponía de ejemplo el otro día, no solo es, México produce, digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México, más o menos, quizá un poco más exportamos, pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado”, detalló.
“Entonces si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México, se fabriquen en México frente a la nueva situación internacional que tenemos”, agregó.
Además, la mandataria recordó que esta iniciativa forma parte del Plan México, el cual fue diseñado hace seis meses y que también tiene un enfoque en otras áreas clave de la economía nacional, especialmente la manufactura.
Sheinbaum también mencionó un programa implementado por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sobre aranceles a la industria automotriz, aunque aclaró que no lo replicarán en México.
“Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento ella hizo un programa muy interesante en el 2012, de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil, incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho. Ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz en Brasil. No digo que lo vayamos a copiar, porque son condiciones distintas, digo lo que hizo ella”, recordó Sheinbaum.
“Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil, y les disminuía el impuesto a partir del aumento en eficiencia, inversión, investigación y desarrollo, en compra de autopartes fuera en Brasil o en el Mercosur, un programa integral que permitió que del 2012 al 2017 se incrementará el 75% la producción automotriz en Brasil, fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz, muy interesante”, concluyó.
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