En los últimos cuatro años, el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió la puerta a mandos militares y marinos en diversos puestos directivos como titulares de Oficinas de Representación estatales, así como en direcciones y subdirecciones del organismo.
Sólo entre 2019 y enero pasado, 27 mandos con formación y trayectoria en instituciones académicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar) se integraron al INM en 23 estados del país y en representaciones del instituto como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Datos recibidos indican que hasta enero de 2024, de estos mandos militares y marinos, 16 se mantenían en funciones como titulares de las Oficinas de Representación estatales del Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente hay cuatro titulares más que han tenido experiencia en el Sistema Penitenciario.
Al menos 27 mandos militares y navales se sumaron al INM desde 2019, detalla una solicitud de información
La militarización de la política migratoria “se ha criticado fuertemente desde órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos”, porque “este tipo de acciones las hacen para contener o para evitar, tal vez, que muchas más personas ingresen al territorio. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente disminuyan los flujos migratorios”, consideró Wendy Castro, subcoordinadora legal de la organización Sin Fronteras.
Esta casa editorial consultó al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los motivos por los cuáles se han militarizado sus mandos, pero la dependencia señaló que “no es información que el instituto esté en posibilidad de proporcionar”, debido a la naturaleza de sus tareas.
La actual administración federal no sólo ha integrado mandos militares y marinos a su política migratoria, también ha desplegado numerosos elementos de las Fuerzas Armadas para contener y disuadir la movilidad humana.
De acuerdo con el último Informe de Seguridad del Gobierno de México, fechado el pasado 14 de marzo, actualmente hay 281 mil 645 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el país. De éstos, 32 mil 720 se dedican a hacer cumplir el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur. Es decir, están a cargo de contener el flujo migratorio. A esta cantidad se suman dos mil 315 agentes del INM.
“Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, justo, militar, en donde se les enseña a combatir y no precisamente se les instruye con respecto a la protección de los derechos humanos”, añadió Castro Además, dijo, “hay que recordar que justo los elementos de la Guardia Nacional cuando aplican también labores migratorias, pues no lo hacen como garantes de derecho, sino lo hacen más bien como agentes de contención o de deportación”, detalló.
Entre los mandos militares del INM figuran su representante en Colima, Ramón Juárez Suárez, un ingeniero en Ciencias Navales y maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional; Felipe Morales Callejas, ingeniero en Ciencias Navales, maestría en Administración Militar y actual titular de la representación en Sinaloa; y Paulo César Lavín Aldama, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública y representante en Sonora.
El contralmirante Salvador González Guerrero se integró a las funciones migratorias el 18 de julio de 2019 como coordinador de Información e Investigación Migratoria y posteriormente se hizo cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua hasta abril de 2023, cuando fue detenido debido a su presunta responsabilidad en el incendio que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.
En abril de 2023 fue detenido y vinculado a proceso, posteriormente se amparó y actualmente enfrenta órdenes de aprehensión por el caso que sigue abierto. “Evidentemente son personas que no tienen una formación con un enfoque de derechos humanos y eventualmente terminarán vulnerando más derechos”, señaló la subcoordinadora legal de Sin Fronteras.
Tras el siniestro que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, en mayo de 2023, el Instituto Nacional de Migración suspendió de forma provisional 14 Estancias Provisionales tipo A, así como 19 de tipo B para facilitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitas de supervisión y generar los informes correspondientes sobre las condiciones de los espacios de detención migratoria.
Además, en noviembre del mismo año, el Instituto frenó operaciones definitivamente en la Estancia Provisional de Matamoros, Tamaulipas.
El cierre de todas estas unidades dejó en funciones únicamente 11 Estaciones Migratorias: en Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas.
También se mantuvieron en operación seis Estancias Provisionales del tipo B: en Tijuana, Baja California; Palenque y Tuxtla, Chiapas; Janos, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; y Cancún, Quintana Roo.
Fue apenas en febrero pasado —casi un año después del incendio— cuando la CNDH publicó el Informe Especial
sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular. Ninguna resultó adecuada, reveló el estudio.
Como parte de las visitas a las Estancias y Estaciones Migratorias “se observó que ninguno de estos centros de detención es adecuado, ya que 13 de ellos son insuficientes, 21 son inadecuados y las demás se encuentran en situación crítica”, indicó el documento.
“El Instituto Nacional de Migración y su modelo de Estaciones Migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ofrecer una política de seguridad en las fronteras. Sin embargo, esta CNDH considera que los tiempos han cambiado y hoy ese modelo debe transformarse como se ha gestado en otras políticas públicas desde la mirada del humanismo y el reconocimiento de derechos”, apuntó Rosario Piedra, la titular de la comisión.
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